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La intromisión del Estado argentino en el acuerdo de pago entre las partes, comprador/importador y vendedor/exportador pone en discusión si el intervencionismo tiene algún tipo de visión positiva a largo plazo o solo destruye las relaciones generadas a lo largo del tiempo entre los proveedores internacionales y los importadores argentinos.

Ocurre que cuando un exportador, en cualquier latitud, decide avanzar con una venta a una empresa de cualquier país, un aspecto determinante es definir cómo van a pagarle, a qué plazo y cuál será el medio de pago internacional que se utilizará.

No hay mayor tranquilidad para un exportador que saber cómo y cuándo va a cobrar.

Los medios de pago internacionales son técnicamente aquellos instrumentos o mecanismos operativos, como la Cartas de Crédito, Cobranzas documentarias, que permiten a un importador cumplir con el compromiso de pago asumido con un exportador, a raíz del acuerdo de compraventa pactado entre las partes.

Para no arriesgar y dependiendo de varios factores (cliente, volumen, país, política comercial, etc.) el Pago Anticipado es una condición muy requerida y habitual en comercio exterior.

El pago define también el perfil del cliente: “Dime cómo pagas… y te diré qué tipo de cliente internacional eres”.

Qué tranquilidad podría tener un proveedor internacional al financiarle a un importador de Argentina, un país que según el World Tariff Profiles – elaborado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)-, se ubica entre los 20 países que más trabas ponen a las importaciones, sexto en el ranking mundial de inflación y que festejó no hace tanto el default de su deuda externa.

Cuando estaba vigente el SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) se comenzó con la determinación de cupos para pagar al exterior, de manera anticipada o a un plazo razonable. Una vez consumidos estos cupos, el BCRA (Banco Central de la Rep. Argentina) solo permitía pagar a 180 días desde la liberación de la carga, que constituía una prohibición de hecho, si además se suma el plazo de la producción y transporte internacional, según el origen y el medio de transporte hasta destino.

El SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) directamente no permite acceder al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) para efectuar el pago anticipado a proveedores internacionales. Esto ha encendido todas las alarmas. Solo se puede pagar anticipado con dólares propios, declarados. De otra manera, el pago será contra despacho a plaza, al plazo que determine la CCUCE (Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior) administrada por el Banco Central.

Esta imposición rompe los usos y costumbres internacionales, la lógica de negociación entre las partes y obliga a los proveedores a aceptar los plazos que vaya a determinar el gobierno argentino, al cual deben ajustarse para poder cobrar. Se puede presumir que van a existir distintos plazos para el pago diferido, según el segmento y rubro de la empresa, que serán a 60, 90, 120 o mayormente 180 días desde la liberación de las cargas.

Esta situación es tan difícil de entender para los propios empresarios argentinos como tratar de explicárselo a quien nos provee. Sean casas matrices, subsidiarias, grandes empresas y en mayor medida las pymes, quienes son las más afectadas de este esquema.

El Estado con estas medidas no solo interviene las empresas importadoras, sino que afecta de manera ineficiente toda la actividad económica, generando faltantes de productos, subas de precios desmedidos, suspensión en plantas industriales por faltas de insumos, con el sinceramiento de que los importadores deberán utilizar los dólares propios, “contado con liqui” o, como ocurrió con la soja, presionar y gestionar un “dólar lobby” según el sector que se trate.

Los proveedores internacionales son los que deben tomar riesgo de cobrar a plazo y si se toman el tiempo de analizar variables como el gasto público, la inflación, la discrecionalidad o imposición de condiciones inverosímiles de un gobierno que parece haber perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo, sería realmente una decisión irracional, cuando todo hace pensar que directamente el criterio será patear para adelante la deuda y no pagar.

Esto posiciona muy mal a los compradores argentinos y deberíamos preguntarnos ¿qué proveedor en su sano juicio puede aceptar estas condiciones?

¿Hasta cuándo las empresas y los empresarios argentinos, que son el motor de la economía del país, pueden tolerar medidas de esta índole?

Debemos llevar la discusión a un plano que permita tomar medidas que favorezcan de una vez la construcción de un mejor escenario a futuro.

 

Daniel Griboff

Presidente de DAGRI S.A.

Consultor, Despachante de Aduanas

Director de la Diplomatura en Internacionalización de empresas de la UCC