Es que de acuerdo con las nuevas condiciones del cepo hard, las empresas que tienen que comprar en el exterior materias primas, bienes intermedios o bienes de capital deben ingresar los productos a la aduana a los 90 días de haber accedido al mercado de cambios. De lo contrario, los importadores pueden sufrir la baja de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y quedar suspendidos para operar.

“Es imposible cumplir con eso. Hay que tener en cuenta que el transit time desde Oriente está entre 45 y 50 días, y que después los barcos, para entrar a un puerto, pueden demorar entre una y dos semanas”, señaló García en declaraciones a Ámbito Financiero.

El presidente de CIRA explicó incluso que si se trata de bienes de capital, los plazos también son exiguos. “Una máquina se hace a pedido para una empresa, no es que hay máquinas en stock”, explicó.

Según señaló el empresario, los importadores necesitan tener una “solución ya” porque a su criterio “no pueden esperar al 10 de diciembre” al cambio de Gobierno para ver qué se puede hacer con la nueva versión del cepo reforzado.

El lunes pasado, tras las elecciones, el Banco Central decidió endurecer al máximo las condiciones para que las personas puedan acceder a dólares para atesoramiento. Redujo de u$s10.000 a u$s200 la cantidad de divisa que se puede comprar por mes. Hasta ahora los funcionarios del BCRA sostienen que todo este tipo de medidas no afectan al comercio exterior. Por caso, de la versión uno del cepo adaptaron los plazos de liquidación de divisas para los exportadores, de acuerdo con el tipo de bien. Por ejemplo, los de soja tienen 15 días, mientras que los de gas 30 y los de maíz pisingallo, hasta 180 días.

Los importadores entienden que la modalidad elegida para el caso de las compras al exterior podría comenzar a complicar la producción de las fábricas locales, que son altamente dependientes de la importación de bienes intermedios.

“El 80% de lo que se importa es para la producción. Si no se puede importar, tampoco se puede exportar”, dijo García, tras recordar que debido a la delicada situación financiera que tiene el país, la única fuente de dólares es el comercio exterior superavitario.

Por otro lado, el directivo aseguró que funcionarios del Banco Central entienden que técnicamente el sistema implementado es para evitar que se diluyan las reservas hasta el recambio de gobierno. “Nos dicen que es una decisión política”, señaló García.

La CIRA solicitó la modificación del plazo de anticipo de 90 a 365 días, a fin de minimizar los costos, los cuales al final de la cadena terminan pagando todos los consumidores. En tanto, también pidió eliminar la exigencia de que los importadores sólo puedan pagar en las cuentas del exportador del exterior. Afirman que es común que se abone en otras cuentas indicadas por el proveedor.