Las licencias previas no automáticas no son las únicas que frenan el crecimiento, también lo frenan la intervención estatal sobre las importaciones y las exportaciones.
Las compras externas pegaron un salto en marzo creciendo casi un 70%. No obstante, hay una enorme cantidad de importadores que han recurrido a los juzgados para la adopción de medidas cautelares destinadas a proteger su derecho constitucional al trabajo y al comercio.
La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) ha informado que 500 empresas han presentado las citadas medidas cautelares. Aunque la soja está con un precio muy alto (el más alto de los últimos siete años) como además sucede con otros productos agrícolas, esto ha permitido al Banco Central comprar casi 4.000 millones de dólares en el transcurso de los primeros meses del corriente año no obstante su perjudicial intervencionismo en las ventas externas.
Se informa que el 80% de las empresas asociadas a CIRA tienen problemas para importar. El instrumento principal para trabar las importaciones es la utilización de las licencias previas no automáticas y su consiguiente retraso en las aprobaciones. A veces los funcionarios dicen que esto es para dificultar las compras externas de productos “sensibles”, pero la realidad indica que también se están trabando las importaciones de insumos básicos y materias primas o repuestos destinados para la fabricación de productos finales, muchos de ellos destinados a las exportaciones, lo cual las impide también con los conocidos perjuicios a los exportadores y también al mismo Estado que deja de percibir los derechos de exportación además de los ingresos tan necesarios. Todo esto parece extremadamente contradictorio con los declarados propósitos oficiales.
Existiendo tantos controles a las empresas productoras lo más atinado sería eliminar todas las trabas al comercio exterior. Controles y trabas, altos gravámenes, no son una buena sociedad para el desarrollo de la economía de un país.
Los importadores dicen que tienen mercaderías en los puertos sin las licencias previas no automáticas aprobadas y que, además, los plazos exceden largamente los establecidos al respecto por la Organización Mundial de Comercio (30 o 60 días según los casos). Lo cual constituye una clara violación a la normativa del organismo rector del comercio mundial. Una empresa, por ejemplo, cita que han pasado ya tres meses sin tener ninguna solicitud aprobada.
Otra restricción al comercio que se suma a las licencias a la importación son los derechos de exportación, eufemísticamente llamados “retenciones” seguramente para no mencionar la palabra incómoda: “derechos”. Ya las altísimas alícuotas a los productos agrarios principalmente han causado desde hace años la fuga de muchos productores argentinos con solvencia, experiencia y eficiencia en la materia, que se han ido del país a producir en Uruguay, Bolivia, Paraguay y hasta Brasil. Probablemente, una de las razones principales sea que en esos países no existen los derechos de exportación. Los vecinos agradecidos.
A todo lo cual se suma el contrabando, por ejemplo de soja, que tiene nada menos que un 33% por ese concepto de “retenciones”. La Aduana y la AFIP estiman que se han ido del país ilegalmente unas 200.000 toneladas de soja. Si la tonelada de soja, por ejemplo, cotiza en el mercado de Chicago a US$ 565 la tonelada, el productor argentino tiene un socio de fierro que se lleva un tercio del valor de la venta sin haber invertido un centavo, que no corre los riesgos de fenómenos climáticos como las sequías, las inundaciones, el granizo, y que además entrega al exportador que se hizo cargo de todos los costos de producción, un dólar oficial significativamente menor al llamado “dólar bolsa” (que está a $ 152). Lo cierto es que de los US$ 565 el productor recibe apenas unos US$ 210 aproximadamente. La diferencia es una gran motivación para hacer contrabando y por lo tanto, delinquir.
Por Carlos Canta Yoy, Asesor en ALADI, MERCOSUR y origen de las mercaderías en Centro de Despachantes de Aduanas
Fuente: comex-online.com.ar
