Por la escasez de dólares, casi 400 empresas se han visto imposibilitadas a realizar sus actividades con normalidad. Se trata de compañías importadoras que no consiguen la autorización oficial necesaria para poder realizar sus compras en el exterior.

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo, decidieron judicializar la demanda, pero se encontraron con un escollo adicional: aunque la Justicia les de el visto bueno desde el punto de vista aduanero,  el Banco Central no les habilita el acceso a las divisas necesarias para cancelar sus operaciones.

Es por eso que interpusieron medidas cautelares contra la autoridad monetaria. En la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal ya hay cerca de 400 expedientes que tienen como demandado a la entidad que preside Miguel Pesce.

Rubén García, presidente de CIRA, la Cámara de Importadores de la República Argentina le explicó a Clarín: «La situación comenzó a complicarse a partir de junio de 2020, pero a este punto se volvió angustiante. No hay diálogo ni respuesta por parte del Gobierno y los importadores están en penumbras. Prácticamente deben ingresar todos los días al sitio web para ver si su solicitud de importación ha sido aprobada».

En mayo pasado, el BCRA estableció que el acceso al mercado de cambios para cancelar tanto importaciones de bienes y servicios, deuda financiera o dividendos de empresas necesitaban de su autorización previa. Desde ese momento el Central fue afinando el lápiz y a partir del «super cepo» de septiembre pasado que el grifo de dólares para los importadores prácticamente quedó cerrado.

Concretamente, a partir de la comunicación A” 7138″ que presentó el Central en octubre pasado, en medio de una sangría de reservas, se limitó el acceso a las divisas a los importadores con sus licencias aprobadas. Así, quedaron sin respuesta aquellas empresas que comercializan mercaderías alcanzadas por licencias no automáticas de importación.

Por eso, las demandas contra la autoridad monetaria crecen desde el último trimestre de 2020. Entre estas se destaca el caso de una firma industrial que le había solicitado autorización al Central para cancelar una deuda de importaciones en marzo del año pasado. La empresa alega que estuvo en condiciones de pagar el precio de la importación a mediados de año, pero que la Comunicación A 7030 de mayo les bloqueó el acceso al MULC.

“De los casos judicializados, en primera instancia del fuero contencioso administrativo hay muchas decisiones que hicieron lugar a la liberación de la mercadería y también suspendieron la aplicación de la Comunicación BCRA 7030 que limitó el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones. Los jueces entendieron que si las normas del BCRA impedían el pago de la importación, la medida cautelar se volvería ineficaz. Sin embargo, en segunda instancia, ya se empiezan a ver decisiones de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal que confirman la parte aduanera de las decisiones y la liberación de la mercadería, pero que respecto de la parte cambiaria deja sin efecto las cautelares otorgadas por entender que el tema cambiario es totalmente ajeno al tema de la demora  y que para su análisis se necesita un debate mayor al que permite el proceso cautelar” explicó Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda.

La situación, dicen en el sector, se asemeja a lo que se vio en el periodo entre 2012 y 2015, cuando el entonces Secretario de Comercio Guillermo Moreno, ponía trabas a las importaciones con las DJAI.

En Reconquista 266, sede del BCRA, descartaron que la judicialización de las políticas cambiarias del Banco Central pueda hacer mella en su estructura.

Fuente: Clarin.com